La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) tiene por objeto regular, garantizar y orientar los mecanismos institucionales para el logro de la igualdad sustantiva, en los ámbitos público y privado. Para tal fin, esta Ley establece cinco ámbitos que orientan la acción del Ejecutivo Federal para incidir en el cumplimiento y garantía de los derechos de las mujeres. Éstos son los siguientes: económico, político, social, civil y cultural. Con base en lo señalado, la CNDH lleva a cabo la revisión del contexto actual en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres.
El ámbito económico considera las estructuras, sistemas fiscales, acceso e inclusión de mujeres y hombres en el mercado laboral; así como los programas presupuestarios para la igualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo información del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos (AIDH), el porcentaje de mujeres ocupadas en 2015 de 12 años y más que realizaron o buscaron realizar algún tipo de actividad económica, a nivel nacional, es de 34.22%; siendo Colima el estado con mayor ocupación (58.92%) y Chiapas el menor (24.76%). Por ello, la brecha de desigualdad de género, en el acceso de las mujeres al mercado laboral, corresponde a un porcentaje de 15.78 a nivel nacional.
En relación con la distribución del porcentaje de participación femenina en el mercado laboral por entidad en 2015, se puede observar que la región noroeste, norte-noroeste, bajío y centro constituyen las entidades con porcentajes entre 30.16% a 58.92%. Mientras que se puede visualizar que la región sureste presenta menores porcentajes que oscilan entre 24.75% a 30.19%.
Respecto al trabajo decente, de acuerdo información del AIDH, en todas las entidades, más del 50% de las mujeres ocupadas económicamente ganan menos de tres salarios mínimos.
El ámbito político integra la revisión a la normativa que influye directa o indirectamente en la toma de decisiones a nivel sanitario, educativo, científico, legislativo y económico, tanto en la gestión pública como privada.
Conforme a la página del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2018 hubo elecciones para elegir a: un presidente de la república; 64 senadurías por el principio de mayoría relativa; 32 senadurías por el principio de representación proporcional; 32 senadurías de primera minoría; 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones por representación proporcional. Con fecha de corte de 11 de diciembre de 2018, del total de diputaciones federales, 259 son ocupadas por hombres (51.8%) y 241 (48.20%) por mujeres; mientras que en la Cámara de Senadores 65 (50.78%) son hombres y 63 (49.22%) son mujeres. No obstante, se advierte que hay espacios relevantes de poder, como la integración de las Juntas de Coordinación Política (JUCOPO), que aún no presentan paridad en su composición.
El seguimiento de los esfuerzos por armonizar los ordenamientos normativos conforme a los principios, derechos y obligaciones en materia de derechos humanos consignados en la Constitución y en los tratados internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Se puede observar que las regiones sureste y norte-noreste son las que tienen índices más bajos de armonización legislativa, mientras que la región centro y noroeste predominan con índices que llegan a 100, es decir, que han armonizado todas las leyes observadas en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres.
El ámbito social refiere a la comunidad de personas que conviven en un mismo territorio bajo determinadas normas, las interrelaciones entre ellas y a la vida en sociedad. Este ámbito está integrado por el índice de desarrollo humano y relativo al género (IDG). Éste, es la medida sinóptica que incorpora al IDH las diferencias entre géneros y permite evidenciar las desigualdades socio-económicas entre hombres y mujeres que forman parte una unidad geográfica determinada a partir del ajuste del IDH y sus tres dimensiones básicas para hombres y mujeres: vida larga y saludable, conocimiento y, nivel de vida digno.
Con base en la información de los IDG por entidad federativa en 2010, se puede advertir que las únicas dos entidades con un índice mayor a 0.85 son Nuevo León y Ciudad de México con 0.88 y 0.92, respectivamente. Asimismo, las entidades con índices más bajos son Chiapas (0.71), Oaxaca (0.74) y Guerrero (0.75).
Con relación al derecho de las mujeres a la salud, la razón de mortalidad materna, ha descendido en la mayoría de las entidades federativas; sin embargo, en Chiapas, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tabasco y Yucatán se presenta un aumento de 2010 a 2015.
El ámbito civil hace referencia a la evaluación de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la promoción de los derechos humanos de las mujeres y erradicar las distintas modalidades de violencia de género. Respecto a ésta, de acuerdo al Estudio de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida, 2018 y con base en la revisión de los informes de los grupos de trabajo de todas las entidades con procedimiento de AVGM, se identificó que en el 100% de las entidades federativas se han solicitado acciones relacionadas con el acceso a la justicia.
En lo relativo a los trabajos de cuidados, según el Diagnóstico de corresponsabilidad del Estado Mexicano en el Trabajo de Cuidado (p. 60-61), en México el 34.6% de la población es dependiente de cuidado. No obstante, se identificó a partir del análisis de las bases económicas y presupuestales de la corresponsabilidad del Estado mexicano en el trabajo de cuidado, que la mayor parte de las políticas de cuidado del Estado, no se gestaron como políticas públicas de cuidado como tal, sino que su foco de acción está en la atención a las diferentes poblaciones en el marco de la política social. De igual manera se identificó que actualmente se ha dado en mayor medida la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero en menor proporción la incorporación del hombre al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos. De acuerdo al AIDH el porcentaje de mujeres casadas que se ocupan de la limpieza en el hogar sigue siendo mayor al 50% en todo el país.
El ámbito cultural implica el análisis de estereotipos sexistas o discriminatorios en perjuicio de la igualdad de mujeres y hombres; incluye también aquellos aspectos relacionados con las decisiones, desde los roles particulares en los que se desenvuelven mujeres y hombres.
En relación con la autonomía física de las mujeres y el ejercicio de su sexualidad, de acuerdo a los datos arrojados en el AIDH en el mapa Porcentaje de mujeres casadas o unidas que opinaron afirmativamente a ¿Las mujeres casadas deben tener relaciones sexuales con su esposo cuando él quiere? 2016, se puede observar que un mayor porcentaje de mujeres respondieron de forma afirmativa es en las regiones del sureste (entre 9.69 a 17.13), mientras que toda la zona noroeste y norte-noroeste del país contó con menor porcentaje (entre 4.72 a 9.68). Mujeres como hombres tenemos derecho a adoptar decisiones relativas a la sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación, sin coacciones ni violencia, derecho al acceso a una educación sexual integral, a la decisión de la vida sexual, a la autonomía personal y al acceso a anticonceptivos.
La dimensión de las violencias contra las mujeres, entendida como una violación a sus derechos humanos, se integra de información derivada de los hechos de violencia contra las mujeres, su manifestación en el contexto espacial entendido como las relaciones sociales, políticas y culturales de desigualdad, permisibilidad social, misoginia e impunidad. En ésta, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, se detectó que el 66.1% de las mujeres padecieron al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida.
Según datos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el total de los presuntos delitos de violencia familiar de 2015 a 2018 es de 628,297. Al respecto, la Ciudad de México y Nuevo León son las entidades federativas con mayor número de registro de presuntos delitos de violencia familiar, con 72,746 y 68,390 en ese periodo respectivamente.
Asimismo, la CNDH observa con preocupación el incremento de los niveles de violencia contra las mujeres en los últimos años, principalmente la violencia feminicida. Según las Estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, de enero de 2015 a diciembre de 2017, se registraron un total de 8,626 defunciones femeninas con presunción de homicidio. Con base en esta información, en 2017 fueron asesinadas 9.4 mujeres al día en promedio.
Por otro lado, las cifras del SESNSP, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018, registran un aumento en el número de presuntos delitos de feminicidio. El que, con base en la información remitida por las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, pasó de 407 en 2015 a 834 en 2018.
La CNDH expuso en el Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida en México, 2016 que las instancias de procuración de justicia participantes que remitieron información reportaron que en 2016 solamente un 3.39% de todos los casos de muerte de niñas y mujeres se reportaron como feminicidio (84 casos). Asimismo, destaca que el 69.43% fueron clasificados como homicidio culposo, mientras que un 25.61% como homicidio doloso.